Lima recibirá a líderes mineros de todo el mundo en 2026, cuando Perú sea sede del 27.º Congreso Mundial de Minería , una importante conferencia y exposición minera, del 24 al 26 de junio. El Gobierno peruano ha declarado el evento de interés nacional.
Perú fue ratificado como sede durante la 104.ª reunión del Comité Organizador Internacional de Congresos Mundiales de Minería, celebrada el 25 de junio de 2023, un día antes del inicio del 26.º Congreso Mundial de Minería en Brisbane, Australia. La edición de Brisbane contó con 30.000 asistentes y más de 1.100 expositores.
El anuncio se produce en un momento en que Perú enfrenta crecientes desafíos en su sector minero. El país posee el 12% de las reservas mundiales de cobre y su economía depende de las exportaciones de cobre. Sin embargo, la producción de cobre de Perú cayó en 2024 por primera vez desde 2019.
Uno de los principales problemas es la crisis de la minería informal en Perú, que ha llevado a comunidades locales como la comunidad indígena de Pamputa (en los Andes) a iniciar sus propias operaciones mineras sin licencia gubernamental. Esta comunidad indígena ha construido una de las minas informales de cobre más grandes del mundo, con ganancias de 300 millones de dólares anuales.
Por lo tanto, la elección de Perú como próximo destino del Congreso Mundial de Minería constituye un intento de abordar algunos de estos problemas. La última vez que el Congreso Mundial de Minería se celebró en Perú fue en 1974.
Abraham Chahuán, director de operaciones de cobre para Sudamérica del gigante de materias primas Glencore y presidente interino de la mina peruana Antamina, presidirá el evento. Su liderazgo se produce en un momento en que la cartera actual de proyectos mineros apunta a un posible déficit de suministro de cobre del 30 % para 2035 debido a la disminución de las leyes del mineral, el aumento de los costos de capital, la escasez de descubrimientos de recursos y los largos plazos de entrega.
Chahuán ha sostenido que uno de los principales problemas del Perú es “la ausencia del Estado en las zonas donde se ubican las operaciones y la limitada capacidad que tienen las autoridades locales para gestionar los importantes recursos que aportan las operaciones”.